Las consecuencias económico-financieras derivadas de la Covid-19 han supuesto un varapalo para los autónomos y empresas a nivel mundial. No obstante, el impacto ha sido mayor en aquellos Estados cuya actividad principal es el sector servicios, como es el caso de España, dado que se han visto mayormente afectados por la limitación de la actividad económica derivada de las restricciones sanitarias.
Son muchos los autónomos que, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de proveedores, nóminas, etc., han recurrido a financiación externa vía crédito, como ha ocurrido con el caso de los avales ICO por Covid-19. Sin embargo, en la actualidad y casi un año después del estallido de la emergencia sanitaria, lo cierto es que muchos se encuentran superados por una situación que no revierte y enfrentándose a una deuda que está adquiriendo una gravedad cuya importancia reside en que no puedan tener la capacidad económica necesaria para salir de dicha situación.
Es el caso de muchos autónomos y empresas del sector de la hostelería que, al haberse visto mayormente afectados por las restricciones sanitarias, se encuentran en situaciones que, de prolongarse esta coyuntura, podrían desembocar en la insolvencia.
En el año 2015 se aprueba la Ley de segunda oportunidad, cuyo objetivo es evitar que una persona física que ha sufrido un fracaso empresarial tenga que «arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer», tal como reza su exposición de motivos.
En este sentido, el mecanismo de segunda oportunidad se presenta como una opción viable en el marco del endeudamiento derivado de la Covid-19. Dicho sistema consta de tres fases: el acuerdo extrajudicial de pagos, el concurso consecutivo y la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Además, teniendo en cuenta los beneficios de liberación de deudas que conlleva, el coste del mecanismo de la Ley de segunda oportunidad se puede considerar muy asequible para el deudor.
En consecuencia, el mecanismo de la Ley de segunda oportunidad se presenta como una posible vía de escape para los autónomos que, ante una situación de insolvencia sobrevenida, no sean capaces de hacer frente a las deudas contraídas por la paralización económica que ha supuesto la Covid-19, por cuanto la Ley de segunda oportunidad les puede permitir la exoneración de gran parte de los créditos contraídos.
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